El Decreto-ley 5/2025 trae buenas noticias para quienes viven de alquiler y cumplen ciertas condiciones personales o familiares. A partir de su entrada en vigor, se podrá acceder a nuevas deducciones en el IRPF, pensadas para aliviar la carga fiscal de colectivos vulnerables. En Finques Palau te explicamos todas las deducciones del IRPF que puedes aprovechar para este 2025.

La principal deducción permite desgravar el 10 % del total del alquiler anual, hasta un máximo de 500 euros. Esta opción está disponible para jóvenes de hasta 35 años, personas desempleadas durante al menos 183 días del año fiscal, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, y viudos/as de 65 años o más. El límite de ingresos es de 30.000 euros anuales, descontando el mínimo personal y familiar.

En el caso de familias numerosas o monoparentales, la deducción puede llegar a los 1.000 euros anuales, siempre que se respeten los mismos umbrales de renta.

Además, si se realiza la declaración conjunta, el límite de ingresos se amplía a 45.000 euros, pero la deducción también será de un máximo de 1.000 euros, siempre que al menos un miembro de la unidad familiar cumpla los requisitos.

Es importante destacar que estas deducciones no son acumulativas. Aunque se cumplan varias condiciones, solo se puede aplicar una de ellas, y siempre con el límite que corresponda.

Por otro lado, se introduce una deducción del 20 % (hasta 3.000 € anuales) para las inversiones en cooperativas de vivienda, una medida pensada para fomentar modelos de propiedad más colaborativos y sostenibles. Estas medidas buscan reforzar el acceso a la vivienda mediante incentivos fiscales para quienes lo tienen más difícil. Es un buen momento para revisar tu situación fiscal y ver qué beneficios puedes aprovechar en la próxima declaración.

Uno de los cambios más significativos del Decreto-ley 5/2025 es el nuevo tipo impositivo del 20 % en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) que se aplicará a determinadas operaciones inmobiliarias a partir del 27 de junio. En FInques Palau te explicamos en qué consisten estos cambios.

Este gravamen se dirige a los denominados «grandes tenedores», es decir, personas físicas o jurídicas que posean más de 10 inmuebles de uso residencial, o más de 1.500 m2 construidos de ese mismo uso en Cataluña. Además, también se considerará gran tenedor quien tenga cinco o más inmuebles ubicados dentro de zonas declaradas como mercado residencial tensado por la Generalitat.

La aplicación del tipo del 20 % no se limita a estos perfiles. Si se transmite un edificio entero de viviendas, este tipo se aplicará independientemente de que el adquirente sea o no gran tenedor. Además, si el edificio se adquiere en fases, también se aplicará el tipo incrementado.

Esta medida tiene como objetivo frenar la especulación y promover un acceso más justo a la vivienda, desincentivando compras masivas por parte de grandes inversores.

No obstante, el decreto contempla algunas excepciones a la aplicación del 20 %, por lo que es fundamental analizar cada operación con detalle antes de formalizarla.

El impacto de esta medida en el mercado inmobiliario puede ser notable. Se espera un ajuste en las estrategias de inversión, especialmente en zonas tensionadas, donde la fiscalidad más elevada podría reducir el interés de ciertos perfiles inversores.

Para los profesionales del sector, es vital actualizar sus conocimientos y herramientas de asesoramiento para garantizar la seguridad jurídico-fiscal de sus clientes. Este nuevo marco fiscal redefine el panorama para quienes operan en el mercado de compraventa de vivienda en Cataluña.

El pasado 25 de marzo se aprobó el Decreto-ley 5/2025, introduciendo importantes modificaciones fiscales que afectan directamente al mercado de la vivienda en Cataluña. Estas medidas, que entran en vigor el próximo 27 de junio, buscan frenar la especulación inmobiliaria, proteger a los colectivos más vulnerables y regular mejor el acceso a la vivienda habitual. En Finques Palau te explicamos cómo afecta este decreto a la compra de la vivienda.

Entre los principales cambios destaca la nueva tarifa progresiva del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que incluye un tipo incrementado del 20 % para grandes tenedores de inmuebles o en la compraventa de edificios enteros. Esto supone un endurecimiento fiscal para actores con elevada capacidad adquisitiva.

Por otro lado, se introduce un tipo reducido del 5 % en el ITP para jóvenes menores de 35 años y víctimas de violencia machista que adquieran su vivienda habitual, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos (menos de 36.000 € de base imponible ajustada).

Además, las escrituras de compraventa de vivienda habitual estarán bonificadas al 100 % en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para estos mismos colectivos.

En el ámbito del IRPF, se amplían las deducciones por alquiler. Los arrendatarios podrán deducirse hasta 500 € anuales (o 1.000 € si son familia numerosa o monoparental) si cumplen ciertos requisitos de edad, situación laboral o ingresos.

Finalmente, se elimina la bonificación del 70 % en el ITP para empresas inmobiliarias que revendían viviendas en menos de tres años. Esta derogación ya está en vigor desde el 27 de marzo.

Este paquete de medidas supone una reestructuración relevante de la fiscalidad inmobiliaria en Cataluña. Asesores, compradores y empresas deberán estar atentos a los cambios para adaptar sus estrategias y cumplir con la normativa vigente.

El Decreto-ley 5/2025 también introduce una medida que impacta directamente en el modelo de negocio de muchas empresas del sector: la derogación de la bonificación del 70 % en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para aquellas inmobiliarias que revendían viviendas en menos de tres años desde su adquisición. En Finques Palau te explicamos lo que deben saber las inmobiliarias.

Esta bonificación permitía a las empresas realizar operaciones especulativas con un coste fiscal muy reducido, incentivando la compra de inmuebles para su rápida reventa. Su eliminación, en vigor desde el 27 de marzo, cambia las reglas del juego.

Con esta medida, el Gobierno catalán busca enfriar este tipo de prácticas especulativas que contribuyen a inflar los precios del mercado y dificultan el acceso a la vivienda para los ciudadanos.

La supresión de esta bonificación implica que las inmobiliarias deberán afrontar el pago completo del ITP (entre el 10 % y el 11 %, según el caso), lo que repercute directamente en la rentabilidad de estas operaciones de corto plazo.

Para el sector, esto representa un llamado a revisar y adaptar estrategias. Las operaciones que antes eran viables gracias a esa bonificación ahora deben evaluarse con más cautela.

No obstante, esta medida también podría abrir oportunidades para proyectos más sostenibles y a largo plazo, fomentando un mercado inmobiliario más equilibrado y estable.

Las empresas deberán estar atentas a nuevas oportunidades fiscales, bonificaciones por vivienda protegida o incentivos relacionados con proyectos sociales o de cooperativas.

En definitiva, esta derogación no solo obliga a replantear las estrategias de inversión, sino que también redefine el papel de las inmobiliarias en la configuración del mercado residencial catalán.

En el sector inmobiliario, el inspector de viviendas es una figura poco conocida, pero que puede marcar la diferencia entre una compra exitosa y una experiencia problemática. Este profesional tiene un papel muy importante en el proceso de adquisición de propiedades, especialmente en el caso de viviendas de segunda mano. En Finques Palau te explicamos en qué consiste su trabajo y por qué es fundamental contratarlo antes de realizar una compra.

Un inspector de viviendas es un experto que evalúa el estado de un inmueble antes de que la propiedad sea transferida de un propietario a otro. Su labor consiste en proporcionar un análisis técnico, objetivo e imparcial de la propiedad, identificando posibles defectos o problemas que podrían pasar desapercibidos para los compradores no experimentados. Si bien el comprador es el principal interesado en contratar estos servicios, también pueden ser útiles para los vendedores, ya que les permite conocer el estado real de la propiedad y evitar reclamaciones por defectos no visibles.

Aunque no es obligatorio realizar una inspección, a menos que se acuerde en el contrato, esta puede ser decisiva. Es importante aclarar que no se trata de una tasación, ya que su objetivo no es valorar el precio de la propiedad, sino evaluar su estado estructural y funcional.

El trabajo de un inspector de viviendas puede ser determinante para evitar sorpresas desagradables. Profesionales como arquitectos o ingenieros con formación técnica son los encargados de revisar minuciosamente la propiedad. Detectan problemas ocultos que podrían implicar costosos arreglos, lo que a su vez podría ayudar a negociar el precio de compra. Además, el informe de inspección también ofrece un estimado de los costos que podrían generar las reformas necesarias.

Los inspectores revisan diversos aspectos, como la estructura de la vivienda, la seguridad, las instalaciones eléctricas y de fontanería, los sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. Utilizan herramientas especializadas, como cámaras térmicas o medidores higrométricos, para identificar posibles fallos o anomalías.

El precio de una inspección de vivienda varía según la empresa y el tipo de inmueble, pero generalmente oscila entre los 250 y 400 euros, dependiendo de su tamaño y ubicación.

La copropiedad de un bien, especialmente en el ámbito de la vivienda, es una situación bastante común, derivada principalmente de herencias o divorcios. En estos casos, la extinción de condominio se presenta como la solución para disolver dicha copropiedad, permitiendo que uno de los propietarios asuma la totalidad del bien o que este se venda y se reparta el valor entre los copropietarios. En Finques Palau te explicamos cómo hacerlo legalmente.

Lo ideal es alcanzar un acuerdo amistoso entre las partes. Sin embargo, cuando surge un desacuerdo y uno de los propietarios desea vender mientras el otro se opone, se puede recurrir a la vía legal establecida en el artículo 400 del Código Civil, conocida como división de cosa común. Esta normativa establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad y puede solicitar la división del bien en cualquier momento.

Para proceder con la extinción de condominio deben darse dos condiciones: que al menos uno de los copropietarios desee salir de la comunidad y que el bien sea indivisible, como ocurre con una vivienda. En caso de acuerdo entre las partes, el proceso es sencillo y económico: basta con acudir a una notaría con la documentación necesaria (DNI, escrituras, tasación y comprobantes de pago) para formalizar el traspaso.

Si no hay consenso, se puede iniciar un proceso judicial que culminará en una subasta pública. Esta opción, aunque viable, suele ser menos favorable económicamente, ya que el inmueble puede venderse por debajo de su valor de mercado, además de los costos legales asociados.

Desde el punto de vista fiscal, la extinción de condominio es más ventajosa que una compraventa tradicional, ya que no está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ni a la plusvalía municipal. No obstante, si se produce una ganancia patrimonial al actualizar el valor del bien, esta deberá declararse en el IRPF.

En casos de hipotecas compartidas, si uno de los copropietarios asume la totalidad del inmueble, será necesario realizar una novación hipotecaria para que el banco modifique el préstamo y lo deje a nombre del nuevo propietario único.

El suelo de bambú se ha convertido en una opción muy popular para el hogar, superando alternativas como la madera maciza, los laminados y otros materiales naturales o porcelánicos con apariencia de madera. Su creciente demanda se debe a su sostenibilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento. En Finques Palau te resolvemos las principales dudas de quienes consideran instalar este tipo de suelo en su vivienda.

¿Por qué los suelos de bambú están en tendencia?

En los últimos años, la preocupación por el medioambiente ha impulsado el interés por materiales ecológicos. El bambú, al igual que el corcho, ha ganado protagonismo entre los propietarios que buscan renovar sus suelos con opciones sostenibles.

¿Cuáles son los beneficios del suelo de bambú?

Una de sus mayores ventajas es la diversidad de diseños y colores disponibles en la actualidad, lo que permite adaptarlo a distintos estilos decorativos. Además, el bambú es un material robusto y duradero, capaz de soportar cambios de temperatura, humedad y tránsito intenso. También es una opción hipoalergénica y de bajo mantenimiento, lo que lo hace ideal para personas alérgicas.

¿Es una alternativa ecológica?

A diferencia de maderas como el roble, el pino o la teca, cuyo crecimiento puede tardar décadas, el bambú es una planta de rápido desarrollo, alcanzando su tamaño óptimo en aproximadamente cinco años. Para asegurarse de que se trata de un material realmente sostenible, es recomendable verificar que cuente con certificación FSC, la cual garantiza una gestión forestal responsable.

¿Es un material resistente?

El bambú prensado es una opción muy resistente, similar al roble. Soporta el desgaste en espacios con mucho tránsito, como pasillos, salones o escaleras. Su instalación es versátil, ya que puede colocarse con adhesivo, clavado o en sistema flotante.

¿Se puede instalar en baños y exteriores?

Sí, aunque en zonas húmedas es fundamental aplicar un tratamiento impermeabilizante. Para exteriores, es recomendable un mantenimiento periódico con lijado y barniz, asegurando su durabilidad frente a condiciones climáticas adversas.

El suelo de bambú es, sin duda, una opción estética, ecológica y funcional para cualquier hogar.

Al pensar en nuestra vivienda, es común creer que podemos modificarla a nuestro gusto, como pintar la fachada. Sin embargo, cuando se trata de una propiedad dentro de una comunidad, existen normativas que regulan estos cambios.

Las comunidades de propietarios se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y sus propios estatutos, los cuales establecen derechos y obligaciones para todos los vecinos. Entre estas normas, se especifica cuándo es necesario pedir permiso para realizar modificaciones. En Finques Palau te explicamos si puedes cambiar el color de tu fachada sin permiso de la comunidad.

Pintar la fachada puede tener dos objetivos principales: conservar la estructura o cambiar su estética. Si el propósito es mantenerla en buen estado —reparando grietas o preservando la construcción—, el artículo 9 de la LPH obliga a todos los propietarios a colaborar en estas tareas. Además, el artículo 10.1 determina que los gastos se cubren mediante las derramas aprobadas por la comunidad. En estos casos, no es necesario solicitar autorización, solo informar al presidente o administrador.

Por otro lado, si el cambio busca una mejora estética, como alterar el color, el artículo 17 de la LPH exige la aprobación de la Junta de Propietarios. Para lograr este permiso, se necesita el voto favorable de al menos tres quintas partes de los propietarios, que representen también las tres quintas partes de las cuotas de participación. Los vecinos que voten en contra no estarán obligados a pagar la derrama correspondiente, pero tampoco podrán oponerse a las mejoras.

Cuando se trata de casas adosadas, terrazas o balcones de uso privado, la situación no cambia. Estos elementos forman parte de la estructura común del edificio, y cualquier modificación requiere la aprobación de la comunidad. El artículo 7 de la LPH aclara que los propietarios solo pueden hacer cambios si no afectan la seguridad, la estructura o la estética exterior, previa notificación al representante de la comunidad.

Una sentencia del Tribunal Supremo (164/2014) reafirmó esta normativa, fallando a favor de una comunidad que demandó a una propietaria por alterar el color de sus ventanas sin permiso. El tribunal subrayó que, incluso si se permitieron modificaciones previas sin sanción, cada caso debe evaluarse individualmente según la ley.

Muchas viviendas en venta se presentan amuebladas, ya que el propietario aún vive en ellas mientras busca un comprador. Esto puede ser beneficioso, ya que una casa bien decorada y en buen estado puede resultar más atractiva.

Pero cuando se cierra la compraventa, surge la duda sobre si es obligatorio vaciar la vivienda antes de que se transfiera la propiedad. Este proceso podría implicar gastos adicionales y esfuerzo, especialmente al retirar muebles y electrodomésticos que son difíciles de mover o están instalados. ¿Qué dice la ley en este caso?  En Finques Palau te lo explicamos.

La normativa no establece una obligación explícita de vaciar la casa, pero sí señala que el vendedor debe dejar en el inmueble lo que se haya acordado en el anuncio de venta, no necesariamente lo que aparece en las fotografías. Si se especifica que se incluyen electrodomésticos, como una nevera o lavadora, estos deben permanecer en la vivienda. Además, cualquier artículo que se haya reflejado en el contrato de compraventa también debe ser entregado al comprador. Por ejemplo, si se ofrece la casa con aire acondicionado, los aparatos instalados deben dejarse en el lugar; de no hacerlo, el comprador podría reclamarlo como una falsedad.

En cuanto a los elementos que deben quedarse, aunque no haya una regla clara, es común que los electrodomésticos empotrados, como el horno o la campana extractora, permanezcan en la casa, mientras que aquellos que son fáciles de trasladar, como el frigorífico o la lavadora, suelen ser retirados por el vendedor. Algunos propietarios prefieren dejar toda la cocina equipada para facilitar la venta o porque los electrodomésticos no encajan en su nueva vivienda.

En cuanto a las instalaciones fijas como grifos, retretes, bañeras o sistemas de calefacción, estos deben permanecer en el inmueble. La retirada de estos elementos podría causar daños significativos, algo que ha sido reconocido por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que en un caso resolvió que el vendedor debía indemnizar al comprador por los daños causados al retirar accesorios esenciales de la vivienda.

Por último, si hay dudas sobre qué dejar, es recomendable discutirlo con el comprador para evitar malentendidos y, si se desea llevarse ciertos elementos, se puede negociar un precio adicional para incluirlos en la venta.

Además, si se venden muebles o electrodomésticos, estos deben estar en buen estado de funcionamiento, ya que si no lo están, el comprador podría exigir una compensación.

En 2025, se espera que la fuerte demanda de viviendas continúe, impulsada por una oferta limitada, lo que provocará un aumento de precios en varias regiones de España, especialmente en Cataluña. Las proyecciones apuntan a que, aunque algunos aspectos del mercado se estabilicen, las transacciones inmobiliarias seguirán creciendo, particularmente debido a la escasez de viviendas nuevas y el aumento de la demanda tanto local como extranjera. En Finques Palau te hablamos sobre las tendencias y precios del mercado inmobiliario para este año.

A nivel macroeconómico, la estabilización de los tipos de interés jugará un papel crucial. Este factor, junto con la recuperación gradual de la economía, contribuirá a la activación del mercado. Sin embargo, el déficit habitacional será una preocupación constante. Se estima que, en las próximas décadas, la demanda de viviendas en Cataluña y otras grandes áreas urbanas crecerá significativamente, lo que obliga a la construcción de nuevas unidades. Sin embargo, la construcción no está logrando cubrir las necesidades, con cifras de viviendas nuevas muy por debajo de lo que se requiere, especialmente en áreas como Barcelona, donde la escasez es más notable.

La presencia de compradores internacionales también seguirá influyendo, ya que muchos buscan residir en España debido a factores como la popularidad del teletrabajo y la inestabilidad en otras partes del mundo. Esto aumentará la presión sobre el mercado, elevando tanto los precios como las transacciones. En algunas zonas, como la Costa Brava y Girona, también se prevé un incremento en la demanda.

Además, los precios seguirán en ascenso debido a la escasez de oferta y la alta demanda. A pesar de las bajadas en los tipos de interés, la falta de viviendas disponibles podría mantener la presión en el mercado. Aunque algunas estimaciones apuntan a una posible estabilización de los precios a medio plazo, las dificultades en la construcción de nuevas viviendas, sumadas al aumento de la demanda, asegurarán que los precios sigan al alza. Se estima que las viviendas usadas podrían experimentar un crecimiento de hasta el 10%, mientras que el precio por metro cuadrado podría superar los niveles históricos alcanzados en 2007.

El mercado inmobiliario en Cataluña en 2025 estará marcado por la continua escasez de oferta, el aumento de la demanda tanto nacional como internacional, y una tendencia al alza en los precios de las viviendas.