En España, tanto los precios de compraventa como los alquileres de viviendas siguen aumentando. A pesar de esto, muchos prefieren alquilar para tener la flexibilidad de cambiar de vivienda a lo largo de su vida. Sin embargo, existe una circunstancia legal en la que el propietario puede recuperar su vivienda: la «causa de necesidad». Esto ocurre cuando el propietario necesita la vivienda para su propio uso o para sus familiares, lo que puede resultar en un desahucio. En Finques Palau te explicamos cuáles son las causas legales para recuperar una vivienda alquilada.

Según la normativa vigente, los contratos de alquiler de vivienda habitual se renuevan automáticamente cada año hasta alcanzar un mínimo de cinco años, a menos que el inquilino decida no renovarlo. Los propietarios, por su parte, están obligados a respetar este plazo, que se extiende a siete años si el propietario es una persona jurídica.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la prórroga obligatoria del contrato no procede si, tras el primer año de alquiler, el propietario comunica al inquilino la necesidad de la vivienda para su uso personal, para familiares de primer grado o para su cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Esta comunicación debe realizarse al menos dos meses antes de necesitar la vivienda, y el inquilino debe desalojar el inmueble en dicho plazo, a menos que se acuerde algo diferente.

Para recuperar la vivienda, el propietario debe demostrar que realmente necesita el inmueble y no es simplemente un capricho. Si el propietario no ocupa la vivienda en un plazo de tres meses tras el desalojo, el inquilino tiene derecho a un nuevo contrato con las mismas condiciones y puede ser indemnizado por los gastos del desalojo y reocupación, o recibir una compensación equivalente a una mensualidad por cada año restante del contrato original.

En caso de que el inquilino se niegue a desalojar la vivienda, el propietario debe acudir a los tribunales para iniciar un proceso de desahucio. Si el propietario ha cumplido con todos los requisitos legales, el inquilino deberá abandonar la vivienda y podría ser condenado a pagar los costes del juicio y posibles indemnizaciones por daños al propietario.